Milagro Sala y sus víctimas

Por Silvia Stuchlik – Durante las últimas décadas en las provincias del norte se instaló un sistema asistencial, clientelar, arbitrario y discrecional que reforzó por años el entramado de relaciones de poder en las diferentes instancias de los sistemas políticos provinciales y nacional. Diferentes actores políticos, sindicales y sociales utilizaron los resortes de poder para configurar un mapa de distribución de múltiples beneficios sociales (alimentos, vivienda, escuelas, recreación, etc.) en base a privilegios y esquemas de sumisión. Los objetivos de estas “entregas”, a primera vista, pueden ser considerados loables y se pueden entender como la máxima aspiración política de un gobierno. Sin embargo, todos los que conocemos y compartimos el enfoque de derechos de acuerdo a las convenciones internacionales, sabemos que ese modelo en el norte del país se encuentra muy lejos, casi diría tiene una imposibilidad estructural, de lograr dichos estándares.

El caso de Jujuy pone al descubierto dos cuestiones que sellaron la reciente victoria de Morales.  Por un lado, el agotamiento y hartazgo de un esquema clientelar y la adhesión de la población a una convocatoria  a instaurar un sistema de protección social en el que se reconozcan los derechos y por ende la dignidad para acceder a los mismos. Por otro lado, la importancia de reconstruir la institucionalidad. La ciudadanía en Jujuy optó que sea el Estado, el gobierno elegido, el que garantice una justa distribución los recursos, con transparencia y con miras a la construcción de un nuevo sistema equitativo.

En el pasado, las personas no ejercieron sus derechos, fueron víctimas de una cadena de favores, en las que algunas se vieron agraciadas y otras tantas todavía esperan. La posibilidad del ejercicio pleno de sus derechos y el acceso universal a los mismos estuvo obturada por el abandono estatal a la suerte del proveedor más convincente.  La participación estuvo condicionada a lo que la dirigente Sala determinaba. El corte de ruta fue la condena a mantener el statu quo del poder de la Tupac y no el involucramiento para lograr reconocimientos de los derechos. La exigibilidad fue maniatada por miedo a perder todo. Quien se saliera de ese esquema estaba condenado a la muerte. Así le pasó al militante Ariel Velazquez en campaña.

Durante la última década, fruto de la mancomunada decisión del gobierno nacional y provincial, fue reforzándose una lógica en Jujuy. Si hicimos críticas y profundas a la década neoliberal fue por la utilización del mecanismo de tercerización de las políticas en detrimento del rol del Estado. Sin embargo, el esquema volvió a reproducirse y con más fuerza y más recursos que en ese entonces. Pero en manos de una dueña. Sobre la base de un discurso anti década del 90 y de organizar a los sectores vulnerables como hizo Salas, de ninguna manera se puede justificar el desconocimiento del rol del Estado y la instrumentación de políticas de sumisión.

La decisión para Jujuy fue fortalecer el rol de Milagro Sala. La dirigente social con apoyo sindical y del partido de gobierno logró ejercer el rol del ministerio de desarrollo social, del ministerio de vivienda y del ministerio de trabajo de la provincia durante el último periodo. Fue el modelo del Estado paralelo. En base a la tercerización del Estado nacional y de erigirse como única dueña instaló una suerte de estado feudal. Nadie nunca explicó por qué el Estado Jujeño y/o el Estado nacional estaban incapacitados o tenían limitaciones para hacer lo que naturalmente les correspondía. Lejos también se estuvo del modelo de cogestión. La corresponsabilidad de los actores estales y sociales no existió, solo fueron placebos para calmar los ánimos. Los Estados, en última instancia, ni siquiera ejercieron el rol de supervisión de las obras, de la utilización y transparencia de los recursos, y de asegurar lo más importante: que la distribución de los recursos fuera equitativa.

Ante esto, la propuesta de Gerardo Morales durante su campaña fue poner el eje en la construcción de ciudadanía resaltando la necesidad de que todos los derechos se efectivicen más allá de la pertenencia política de cada persona o de cada organización. También resaltó que ese acceso debía ser digno, y anunció que eliminaría el sistema de intermediación de quienes lucran con la pobreza. Anunció la recuperación del rol del Estado, en todas las instancias y el fiel cumplimiento de la ley. Pero ese apego a las normas, no fue un baño de liberalismo. La reconstrucción de una sociedad minada por un apabullante ejercicio de poder feudal, de extravagante sumisión de unos sobre otros, exige estándares de convivencia. Es allí donde se encuentran las normas como punto de partida para reorganizar democráticamente una geografía minada por la injusticia, la pobreza y un ejercicio de poder,  que jamás podría asegurar la salida de todos por igual.

Se dio tiempo suficiente para que todos se registraran para acceder a los planes sociales, que no se discontinuaron, más allá de la procedencia de cada ciudadano. Se anunció la futura escrituración de  las viviendas a nombre de sus actuales propietarios cautivos por miedo a quedar en la calle. Se dio lugar a que todas las cooperativas se empadronaran, para que continuaran con sus emprendimientos y recientemente se anunció la inclusión a partir de febrero a un seguro de salud como cualquier trabajador estatal.  Se está en proceso de bancarizar el sistema para transparentar y eliminar los intermediarios. Se explicitaron  los plazos y las reglas.

Al finalizar esta etapa, los números quedaron escandalosamente claros y las cuentas oscuras.

La construcción de la nueva relación entre el Estado y la Ciudadanía es un proceso costoso y lento, pero decidido. Hay un imperativo ético de salir a buscar a los que no demandan, porque ya no les quedan fuerzas, porque están escondidos en la geografía de los cerros y del interior caluroso y profundo.

Tal vez Sala sea vista, como siempre por un problema de números. Aunque importante, lo que más pesa fue su rol territorial de la sumisión. La Justicia independiente tiene que revisar los hechos de corrupción, porque allí no se trata de varios millones, más o menos, se trata de vidas humanas con problemas de alimentación, de salud, de educación.

El derecho a la protesta debe ser garantizado, pero una provincia no puede estar más de una década sitiada. El derecho a la protesta terminó siendo una extorción a los más necesitados. ¿Acaso Sala no buscó más poder para ella con esa metodología?

Como me dedico a la política, en especial a la política social, digo: duele que una dirigente social esté implicada. No es tiempo de revancha, es tiempo de justicia. No debemos hacer una defensa corporativa de la dirigente social. Tampoco se debería hacer una defensa corporativa porque Sala pertenece un partido político. Me cuesta entender como después de toda la evidencia se siga apoyando este esquema, del cual esta dirigente es un exponente. La complacencia en este último tiempo de académicos y estudiosos de las ciencias sociales y de la política, fue una forma elegante de dejar hacer que las cosas pasen sin importarle nada a nadie y nada de nadie.

Silvia Stuchlik

Especialista en Políticas Sociales